El Sindicato de Enfermería SATSE Canarias ha acudido a la Diputada del Común para pedir que se investigue la utilización reiterada de nombramientos temporales de sustitución de apenas 15 días por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS), incluso en situaciones en las que la ausencia que se pretende cubrir se prolonga durante meses.

La organización sindical sostiene que esta práctica afecta a numerosos profesionales de la sanidad pública canaria, que encadenan contratos de muy corta duración para cubrir una misma plaza y una misma causa de sustitución, como pueden ser una incapacidad temporal o una excedencia con reserva de puesto.

Según SATSE, en los casos que ha analizado no se aprecia una justificación objetiva para dividir en periodos de dos semanas unas sustituciones cuya necesidad asistencial continúa vigente durante un periodo considerablemente más largo. El sindicato considera que esta situación genera «una situación permanente de incertidumbre» entre los trabajadores.

La organización advierte además de que el encadenamiento de nombramientos contribuye a mantener una «precariedad estructural» en el empleo público sanitario. A esta situación añade el «incremento innecesario» de la carga administrativa que supone tramitar de forma repetida contratos de tan corta duración.

Otro de los aspectos cuestionados por SATSE es la ausencia de «criterios transparentes» que permitan conocer los motivos por los que el SCS opta por fraccionar las sustituciones en contratos de 15 días cuando la necesidad de cobertura permanece.

El sindicato recuerda que, a su juicio, la normativa establece que la duración de un nombramiento temporal debe mantener una relación directa y proporcionada con la causa que lo origina. Sin embargo, asegura haber detectado distintos supuestos en los que se suceden nombramientos quincenales pese a que la circunstancia que motivó la sustitución no ha cambiado.

Por este motivo, SATSE Canarias solicita a la Diputada del Común que examine si esta forma de gestionar las sustituciones se ajusta a los principios de buena administración, seguridad jurídica y estabilidad en el empleo público.

La organización reclama asimismo que se impulsen las actuaciones necesarias para garantizar una gestión de los nombramientos temporales «acorde con la legalidad vigente y respetuosa con los derechos de los profesionales sanitarios».