El Ayuntamiento de Arona ha vuelto a mostrar su rechazo a la construcción de la planta fotovoltaica Llano de los Bebederos I al considerar que la instalación no encaja con el planeamiento urbanístico municipal y puede condicionar el futuro desarrollo del municipio.

El proyecto, autorizado por el Gobierno de Canarias, contempla una potencia de 4,777 megavatios y la instalación de 8.610 módulos fotovoltaicos bifaciales, 15 inversores, un centro de transformación y una línea de evacuación a 20 kV. La inversión prevista supera los 2,5 millones de euros.

La actuación se ubicaría en las parcelas 215 y 216 del polígono 1 de Arona, en una superficie de unas cinco hectáreas de suelo agrícola, en el entorno de El Verodal y próximo a Chayofa, Tinguafaya y al Hospital del Sur. El Ayuntamiento sostiene que estos terrenos están clasificados como suelo rústico común ordinario y que el Plan General de Arona no contempla la implantación de este tipo de instalaciones en ese ámbito.

El Ayuntamiento cuestiona el encaje urbanístico

La corporación local ya había emitido un informe desfavorable durante la tramitación del proyecto. Sus servicios técnicos concluyeron que la planta carecía de cobertura en el planeamiento municipal y alertaron de que su implantación podría condicionar futuros desarrollos urbanísticos en los terrenos colindantes.

El rechazo municipal no se fundamenta, según sus responsables, en una oposición a las energías renovables. El concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Baute, defiende que «las renovables son necesarias», pero reclama que su implantación se haga «con rigor, donde corresponde y respetando la ordenación del municipio».

En la misma línea, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha expresado su preocupación por una decisión que, a juicio del consistorio, puede comprometer el planeamiento municipal previsto para los próximos años.

Una autorización que reabre el conflicto

El Gobierno de Canarias ha recurrido para sacar adelante la instalación a la vía excepcional prevista para proyectos considerados de interés general, pese a las objeciones planteadas por las administraciones local e insular. La autorización incluye además la declaración de utilidad pública, especialmente relevante para las infraestructuras necesarias para evacuar la electricidad generada.

De esta forma, el proyecto de DISA vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la implantación de grandes instalaciones renovables en Tenerife y, especialmente, sobre el equilibrio entre la necesaria transición energética y la protección del suelo y la planificación urbanística de los municipios.

El Ayuntamiento de Arona mantiene así su oposición al proyecto y reclama que el desarrollo de las energías renovables se realice con una planificación territorial que, sostiene, permita avanzar en la transición energética sin hipotecar el crecimiento futuro del municipio.