La formación de Santiago Abascal eleva la crisis migratoria de Ceuta al terreno constitucional y reclama conocer las comunicaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos. La iniciativa necesitaría importantes apoyos parlamentarios para prosperar.

Vox ha decidido elevar un grado más la ofensiva política contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis migratoria de Ceuta. La formación que lidera Santiago Abascal plantea recurrir al artículo 102 de la Constitución Española, un mecanismo excepcional que regula la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno.

La Constitución establece que la responsabilidad criminal del presidente y los ministros será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pero introduce una previsión específica cuando la acusación se refiere a traición o a cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones.

En esos supuestos, el procedimiento no puede iniciarse de manera ordinaria. El artículo 102 establece que la acusación solo podrá plantearse por iniciativa de una cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y deberá contar posteriormente con la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara.

Eso significa que Vox no puede activar por sí solo esta vía. Necesitaría reunir inicialmente el respaldo de al menos 88 diputados y, posteriormente, alcanzar los 176 votos necesarios para que la iniciativa salga adelante.

La formación sostiene que deben esclarecerse las circunstancias que rodearon la crisis de Ceuta y, especialmente, determinar qué información tenía el Ejecutivo antes de las entradas masivas, cuándo tuvo conocimiento de la situación y qué contactos se mantuvieron con las autoridades marroquíes.

Vox reclama además la desclasificación de las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno español y Marruecos, al considerar que su contenido resulta fundamental para conocer la actuación del Ejecutivo antes y durante la crisis.

La utilización del término “traición” responde, en este momento, a la acusación formulada por Vox. No existe una declaración judicial que determine que Sánchez o algún miembro de su Gobierno haya cometido ese delito.

La iniciativa vuelve también a colocar bajo el foco las relaciones entre España y Marruecos después de unos acontecimientos en Ceuta que han provocado un fuerte debate político sobre el control de las fronteras, la respuesta del Estado y el papel desempeñado por Rabat.

El movimiento de Vox abre así un nuevo frente parlamentario para Sánchez, aunque el recorrido del artículo 102 dependerá necesariamente de los apoyos que Abascal consiga sumar en el Congreso. La Constitución contempla esa vía excepcional, pero establece deliberadamente un listón parlamentario elevado para ponerla en marcha.