Los sindicatos ponen bajo la lupa el concurso de 50 plazas de la Policía Canaria

El concurso de méritos convocado para cubrir 50 plazas en el Cuerpo General de la Policía Canaria ha provocado el malestar de los representantes sindicales, que cuestionan el procedimiento impulsado por el Gobierno de Canarias y, especialmente, la posibilidad de incorporar efectivos procedentes de otros cuerpos policiales.

La Central Sindical ha puesto bajo la lupa una convocatoria publicada el pasado mes de julio y sostiene que la Administración autonómica debería acreditar previamente que esas plazas no pueden ser cubiertas por funcionarios del propio cuerpo antes de recurrir a agentes externos.

El procedimiento permite participar a miembros de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que reúnan los requisitos establecidos en las bases. Es precisamente este mecanismo el que ha provocado las críticas, al entender los representantes de los trabajadores que puede perjudicar las expectativas de movilidad y carrera profesional de los actuales integrantes de la Policía Canaria.

Los sindicatos reclaman transparencia sobre las necesidades reales de personal y sobre los criterios utilizados para determinar qué puestos deben abrirse a funcionarios procedentes de otras administraciones. Consideran que el crecimiento de la Policía Canaria debe ir acompañado de una planificación que priorice también la consolidación y promoción de su plantilla.

La controversia se produce en un momento de expansión del cuerpo autonómico, al que el Ejecutivo pretende dotar progresivamente de más efectivos y capacidad operativa en las islas.

La convocatoria de las 50 plazas no es nueva y fue publicada oficialmente en julio. Lo que ha elevado ahora la tensión es la denuncia sindical sobre la fórmula elegida para cubrirlas y la exigencia de que el Gobierno justifique que no existen suficientes efectivos autonómicos que puedan ocupar esos destinos.

El procedimiento continúa adelante mientras aumenta la presión sindical para que el Ejecutivo explique los criterios empleados y garantice que los policías que ya pertenecen al cuerpo autonómico no resulten perjudicados.