La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha solicitado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la organización de un encuentro estatal que reúna a las entidades memorialistas de todo el país con el objetivo de reforzar la cooperación entre colectivos y consensuar una declaración conjunta en defensa de las políticas de memoria democrática.

La organización considera que este foro permitiría compartir experiencias, fortalecer el trabajo coordinado entre asociaciones y afrontar el contexto actual, marcado, según advierte, por el aumento de discursos contrarios a los valores democráticos y por el debilitamiento de las políticas de memoria en distintos territorios.

En el escrito remitido al Ministerio, la entidad señala que desde su creación, en 2007, coincidiendo con la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica, ha desarrollado iniciativas centradas en la sensibilización social, la vigilancia del cumplimiento de la legislación y la defensa de los derechos de las víctimas del franquismo.

Asimismo, alerta de la desaparición de líneas de financiación pública, de campañas de descrédito hacia las asociaciones memorialistas, de la derogación de leyes autonómicas de memoria en comunidades gobernadas mediante pactos entre PP y Vox, y del riesgo de que futuros cambios políticos supongan un retroceso en esta materia.

En este contexto, la presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, reclama que las administraciones proporcionen respaldo económico y jurídico a las entidades memorialistas para que puedan afrontar los procedimientos judiciales necesarios cuando sea preciso exigir el cumplimiento de la legislación vigente.

Según explica la organización, esta petición cobra especial relevancia porque, en numerosas ocasiones, son las propias asociaciones las que deben acudir a los tribunales para garantizar la aplicación efectiva de las leyes de memoria democrática.

Como ejemplo menciona el procedimiento judicial relacionado con el Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, donde fue necesario recurrir a la vía judicial para solicitar el cumplimiento de la normativa en materia de memoria.

La asociación sostiene además que el crecimiento de los discursos de odio, antidemocráticos y favorables al franquismo convierte a las entidades memorialistas en una herramienta fundamental para preservar la memoria de las víctimas. En este sentido, afirma: “No se puede admitir que el retroceso en las políticas de memoria, acordado en algunas administraciones, se extienda, dañando todavía más la memoria de decenas de miles de víctimas que siguen desaparecidas noventa años después”.

También reclama que se tengan en cuenta las dificultades económicas y de desplazamiento que afrontan las organizaciones canarias para participar en encuentros de ámbito estatal.

En esa línea, Pérez Schwartz considera necesario que el respaldo institucional vaya más allá del reconocimiento simbólico. “Nos parece clave que se fomente esta colaboración y acción institucional conjunta, como familias de víctimas, para tener herramientas que ayuden a acabar con una situación en la que son las organizaciones que defienden y amparan el franquismo las que disponen de medios para afrontar procesos judiciales con los que evitar cumplir con la legalidad, como hemos visto recientemente en Tenerife”, explica.

A juicio de la presidenta de la asociación, facilitar recursos para afrontar estos procesos judiciales resulta imprescindible para que los derechos recogidos en la legislación de memoria democrática puedan hacerse efectivos cuando las administraciones no los aplican de manera adecuada.

Por otra parte, la entidad ha reiterado esta semana su petición de reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con la consejera autonómica de Justicia, Nieves Lady Barreto, con el propósito de impulsar actuaciones relacionadas con la memoria de las víctimas de la represión franquista en el Archipiélago, especialmente ante la proximidad del 90 aniversario de los sucesos de 1937.

La asociación recuerda que lleva siete meses esperando una respuesta a esa solicitud de encuentro y confía en que pueda celebrarse próximamente para abordar diversas cuestiones pendientes relacionadas con el desarrollo de la Ley Canaria de Memoria, aprobada por el Parlamento regional en 2018.