El nuevo cable submarino de telecomunicaciones que conectará Canarias con Marruecos ha introducido un elemento especialmente sensible en las relaciones entre ambas orillas: la proximidad de su punto de llegada, Tarfaya, al Sáhara Occidental y la posibilidad de que Marruecos pueda extender posteriormente la infraestructura hacia el territorio saharaui.
El proyecto forma parte del despliegue del RING, el Anillo de las Islas de Oriente, impulsado por Canalink para reforzar las comunicaciones de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y aumentar la seguridad y capacidad de las conexiones digitales del Archipiélago. Dentro de ese proyecto se contempla un ramal internacional que partirá de la red canaria y llegará hasta el puerto marroquí de Tarfaya.
Ese es, oficialmente, el destino de la infraestructura. El cable Canarias-Marruecos no entra en el Sáhara Occidental, una precisión importante ante las implicaciones políticas y jurídicas que rodean cualquier actuación económica relacionada con este territorio.
Sin embargo, la ubicación elegida ha despertado interrogantes porque Tarfaya se encuentra inmediatamente al norte del Sáhara Occidental. La eventual prolongación de las comunicaciones desde territorio marroquí hacia el sur podría abrir un escenario completamente distinto y situar nuevamente sobre la mesa el complejo estatus internacional del territorio.
La cuestión no es menor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido en diferentes resoluciones que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos a efectos jurídicos y ha condicionado la aplicación de acuerdos europeos al territorio saharaui. Cualquier extensión vinculada a proyectos financiados o respaldados desde Europa tendría, por tanto, que analizarse bajo ese marco.
Para Canarias, el proyecto tiene una dimensión fundamentalmente tecnológica y estratégica. El Archipiélago pretende reforzar su posición como nodo de telecomunicaciones entre Europa y África, incrementar la capacidad de transmisión de datos y disponer de rutas alternativas que reduzcan la vulnerabilidad ante averías en los cables existentes.
La conexión con Marruecos supone además abrir una nueva puerta digital hacia el continente africano. Pero el lugar escogido para aterrizar el cable introduce inevitablemente la cuestión saharaui en el debate.
Por ahora, la frontera del proyecto está clara: Canarias se conecta con Marruecos en Tarfaya. Lo que Marruecos pudiera hacer posteriormente con su red hacia el sur sería otro proyecto y requeriría su propio análisis jurídico. Precisamente ahí reside el interrogante que convierte una infraestructura de telecomunicaciones en un asunto que trasciende la tecnología y entra directamente en uno de los escenarios diplomáticos más sensibles del Atlántico oriental.