El acuerdo político alcanzado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para garantizar un nuevo marco de financiación que permitirá a las Islas recibir más de 1.330 millones de euros anuales ha generado las primeras diferencias internas dentro del Ejecutivo autonómico, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular.
Según ha podido saber La Gaceta de Canarias de fuentes conocedoras de las conversaciones, la forma en la que se ha gestado el entendimiento entre el presidente Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con la participación del ministro Arcadi España, no ha sido bien recibida por una parte del entorno del Partido Popular en el Gobierno regional. Las mismas fuentes aseguran que el malestar no se centra en el contenido económico del acuerdo, considerado positivo para Canarias, sino en el desarrollo de la negociación y en la gestión política de la misma.
Las conversaciones entre los socios de Gobierno se han intensificado en las últimas horas con el objetivo de rebajar la tensión y mantener la estabilidad del Ejecutivo. Fuentes consultadas destacan, no obstante, que la relación personal y política entre Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez continúa siendo fluida, por lo que ambas formaciones trabajan para reconducir la situación antes de que el acuerdo quede definitivamente cerrado en septiembre.
La situación recuerda, según distintas fuentes políticas, al escenario vivido en 2010, cuando el entonces presidente Paulino Rivero, al frente de un Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, una negociación que también provocó discrepancias internas entre los socios del Ejecutivo autonómico.
A día de hoy, el pacto de gobierno no está en cuestión, pero este episodio ha abierto un debate interno sobre la coordinación política en asuntos de especial relevancia institucional. El desarrollo de las próximas reuniones entre los líderes de ambas formaciones será determinante para medir el alcance de unas diferencias que, por el momento, se gestionan desde la discreción, aunque ya son perceptibles en el seno del Ejecutivo.