El Gobierno de Canarias considera necesario revisar la Ley de Costas estatal con el fin de adaptarla a la realidad actual y establecer criterios homogéneos sobre las competencias que corresponden a las comunidades autónomas en la gestión de su litoral. Así lo defendió el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, quien insistió en que el actual modelo genera diferencias entre territorios.

Durante la presentación del I Congreso de Costas de Canarias, que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Rodríguez anunció que este encuentro servirá para dar a conocer el borrador de la futura Ley de Costas de Canarias y favorecer el intercambio de experiencias entre las comunidades autónomas con litoral.

La cita nace en el marco del proyecto «77 municipios costeros, un territorio», impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias junto con la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Entre sus objetivos figura reforzar la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos costeros, además de agilizar la tramitación y los procedimientos relacionados con la gestión del dominio público marítimo-terrestre.

El congreso también abordará cuestiones vinculadas a la gobernanza del litoral por parte de las comunidades autónomas, el desarrollo sostenible de las zonas costeras y la protección del medio ambiente.

En su intervención, el consejero sostuvo que el traspaso de competencias sobre costas recibido por Canarias resulta «incompleto e insuficiente», tanto por la dotación de recursos humanos como por los medios técnicos, jurídicos y económicos asignados.

Rodríguez recordó que las competencias sobre el litoral están reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, aunque lamentó que no exista un criterio uniforme en la transferencia de estas funciones entre las distintas comunidades. Como ejemplo, citó el caso de Galicia, que, pese a no recoger estas competencias en su Estatuto de Autonomía, aprobó una normativa avalada por el Tribunal Constitucional que le permite ejercer una gestión más amplia sobre su costa.