La Liga F afronta una complicada realidad económica a las puertas del comienzo de la temporada. La primera ronda para comercializar sus derechos audiovisuales terminó sin que ningún operador alcanzara los cinco millones de euros establecidos como precio de reserva para el principal lote destinado al mercado español.

La ausencia de ofertas suficientes ha obligado a abrir una segunda ronda y coloca nuevamente sobre la mesa uno de los grandes problemas del fútbol femenino profesional: la distancia existente entre su enorme crecimiento institucional y social y su capacidad para generar audiencias y retorno comercial de manera regular durante toda una temporada.

Las televisiones hacen números. Comprar unos derechos deportivos no supone únicamente pagar por ellos. Hay que añadir producción, realización, personal, desplazamientos y distribución. Para recuperar esa inversión necesitan abonados, publicidad y audiencia. Cuando esos tres elementos no alcanzan determinados niveles, resulta complicado justificar varios millones de euros por temporada.

Eso explica que pueda existir interés televisivo por la Liga F, pero a precios sensiblemente inferiores. La primera ronda ha enviado una señal clara: ningún operador ha considerado rentable alcanzar el mínimo establecido para el principal paquete.

La situación repercute directamente sobre las marcas. Las compañías estrictamente comerciales analizan impactos, espectadores y retorno antes de decidir dónde colocan su publicidad. Y cuando las audiencias son reducidas, resulta mucho más complicado atraer inversión privada exclusivamente por criterios de mercado.

Existe, además, otro ecosistema empresarial alrededor del deporte femenino: empresas públicas, compañías participadas por administraciones, concesionarias y grandes grupos con importantes relaciones comerciales o institucionales con el sector público. En esos casos, las inversiones pueden responder también a políticas de igualdad, responsabilidad social, reputación corporativa o compromisos institucionales, y no exclusivamente al retorno publicitario inmediato.

El anterior contrato con DAZN contemplaba 35 millones durante cinco temporadas, pero terminó anticipadamente. Ahora el mercado vuelve a poner precio al producto.

Y su primera respuesta ha sido contundente: por cinco millones, nadie ha comprado el principal paquete de la Liga F.

El sostén institucional casi obliga a las empresas a entrar en el fútbol femenino y luego se les repercute

Una parte relevante del patrocinio del deporte femenino procede de compañías que mantienen vínculos importantes con las administraciones: empresas públicas o participadas, concesionarias, grandes contratistas y corporaciones involucradas en programas institucionales de igualdad y responsabilidad social.

Eso no permite afirmar que exista una obligación gubernamental de anunciarse ni que posteriormente el dinero sea compensado mediante contratos públicos sin pruebas específicas. Pero sí refleja una realidad: no toda inversión publicitaria se decide exclusivamente mirando el dato de audiencia.

Determinadas compañías incorporan objetivos de igualdad, sostenibilidad, reputación o colaboración institucional a sus decisiones de patrocinio. Para una empresa puramente comercial, por el contrario, la ecuación suele ser mucho más sencilla: cuánto invierte, cuántas personas alcanza y qué retorno obtiene.

Ese es precisamente el problema que ahora aparece con los derechos televisivos. Si las audiencias no permiten captar suficiente publicidad privada, la televisión tampoco puede asumir precios elevados por el producto.

El mercado acaba marcando el límite: sin audiencia suficiente, disminuye la publicidad; sin publicidad, cae la rentabilidad; y sin rentabilidad, las televisiones pujan a la baja y no al precio que pretende inicialmente la competición.