España afronta un nuevo episodio de presión exterior relacionado con su política migratoria. Tras las críticas y advertencias procedentes de Italia, Suecia y Dinamarca, ahora es Marruecos quien eleva el tono y abre un nuevo frente con Madrid.

El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España al considerar que no existe suficiente reciprocidad entre ambos países. La advertencia incorpora además la cuestión migratoria y las dificultades que, según Marruecos, existen para devolver a ciudadanos marroquíes desde territorio español.

El pronunciamiento llega después de varias semanas en las que la gestión española de la inmigración ha entrado de lleno en el debate europeo. Italia, Suecia y Dinamarca, desde posiciones políticas diferentes, han mostrado su preocupación por las consecuencias que determinadas decisiones adoptadas por España puedan tener sobre otros Estados del espacio Schengen.

Especialmente contundente fue el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, que cuestionó públicamente la política española de regularización y advirtió de que sus efectos no terminan necesariamente en las fronteras españolas cuando existe libertad de circulación dentro de Europa.

El escenario adquiere ahora una dimensión diferente con la intervención de Marruecos. Rabat no es un socio europeo preocupado por los movimientos internos de Schengen, sino un país estratégico para España en el control de la frontera sur, la lucha contra las redes de inmigración irregular y la cooperación policial y judicial.

La amenaza de revisar o suspender el acuerdo de extradición introduce, por tanto, un elemento adicional en una relación bilateral especialmente sensible y que Madrid y Rabat habían reforzado durante los últimos años.

España queda así en una posición incómoda: desde el norte, varios socios europeos reclaman mayores garantías sobre el control de las fronteras y los movimientos migratorios; desde el sur, Marruecos exige reciprocidad y cuestiona determinadas decisiones españolas.

Italia, Suecia y Dinamarca ya habían colocado el asunto sobre la mesa europea. Ahora se suma Marruecos. Y la gestión migratoria española deja de ser únicamente un debate interno para convertirse cada vez más en una cuestión de política exterior.