El Grupo Parlamentario Socialista ha acusado al Gobierno de Canarias de mantener paralizado el procedimiento que permitiría a cerca de 10.000 familias acceder a la propiedad de las viviendas protegidas en las que residen desde hace décadas en régimen de alquiler. Según el PSOE, el Ejecutivo autonómico no está aplicando el Decreto 1/2023, aprobado durante la anterior legislatura para regular este proceso.

El portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes de la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho de Lomo de los Frailes, con quienes analizó la situación de las familias afectadas.

Franquis aseguró que el Decreto 1/2023 continúa plenamente vigente y reprochó al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo que no haya puesto en marcha el procedimiento previsto en la norma. A su juicio, no existe un impedimento jurídico para la venta de estas viviendas, sino una decisión política de no desarrollar el proceso.

El dirigente socialista recordó que el decreto fue aprobado durante el mandato de Ángel Víctor Torres para sustituir al Decreto 114/1999 y adaptar el procedimiento a la legislación vigente, ofreciendo mayores garantías jurídicas para que los inquilinos de viviendas protegidas pudieran adquirir los inmuebles.

En este sentido, rechazó que la derogación de la normativa anterior pueda utilizarse como argumento para impedir la venta. Según explicó, el nuevo decreto mantiene expresamente el procedimiento para acceder a la propiedad y fue concebido precisamente para facilitar este proceso.

El PSOE también criticó las comunicaciones remitidas por la empresa pública VISOCAN a algunas familias, al considerar que trasladan el mensaje de que no existe previsión de vender determinadas promociones. Para Franquis, estas respuestas reflejan la voluntad del Gobierno de no activar el procedimiento, más que la existencia de obstáculos legales.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista exige al Ejecutivo autonómico que publique las resoluciones de oferta de venta previstas en el Decreto 1/2023 y garantice una información «clara y jurídicamente rigurosa» a las familias afectadas.

Además, el PSOE anunció que llevará esta cuestión al Parlamento de Canarias. Entre las iniciativas previstas figura la solicitud de comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para que explique por qué el Gobierno no ha activado el procedimiento, así como la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclamará el cumplimiento íntegro del decreto y la puesta en marcha inmediata del proceso de venta.

Los socialistas también pedirán la comparecencia de las plataformas de afectados para que expongan su situación en la Cámara regional.

Franquis concluyó reclamando al presidente del Gobierno de Canarias que aclare si tiene intención de aplicar el Decreto 1/2023 o si, por el contrario, renuncia definitivamente a desarrollar un procedimiento que, según el PSOE, permitiría a miles de familias convertirse en propietarias de las viviendas en las que llevan años residiendo.