El aumento de llegadas de inmigrantes a nado a Ceuta ha vuelto a situar el foco sobre la gestión de la frontera sur de España. Las imágenes de personas alcanzando la costa a través del espigón del Tarajal han reabierto una pregunta recurrente entre la ciudadanía: ¿por qué no son devueltas de inmediato?

La respuesta está en el procedimiento legal que deben seguir las autoridades. Aunque estas personas entren de forma irregular en territorio español, la normativa vigente y la interpretación realizada por el Tribunal Supremo establecen que quienes son interceptados o rescatados en el mar no pueden ser objeto de un rechazo inmediato en frontera. Antes es necesario identificarlos, prestarles asistencia y tramitar su situación administrativa conforme a la Ley de Extranjería y, en su caso, a la normativa de protección internacional.

Tras llegar a tierra, reciben atención sanitaria si la necesitan y pasan a disposición de la Policía Nacional para su identificación. Posteriormente, muchos son trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde permanecen mientras se estudia su expediente.

Esto no significa que obtengan automáticamente autorización para permanecer en España. Cada caso se analiza de forma individual y la resolución puede derivar en una devolución, una expulsión, un traslado a otro recurso de acogida o, si concurren los requisitos legales, en la concesión de protección internacional.

El incremento de estas llegadas vuelve a poner a prueba la capacidad de acogida de Ceuta y reabre el debate sobre cómo compatibilizar el control de las fronteras con el cumplimiento de la legislación española y europea en materia de inmigración y derechos fundamentales.