El debate sobre la apertura comercial de los domingos entra en una fase decisiva en Santa Cruz de Tenerife. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha mantenido reuniones con los servicios jurídicos municipales y con las áreas relacionadas con promoción económica para determinar qué respuesta debe darse a la petición formulada por Asodican sobre la actual Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

La clave está en que el escenario jurídico no es el mismo que cuando se creó la zona hace quince años.

En 2011, la declaración nació formalmente de una solicitud presentada por Zona Centro para que el casco histórico fuera considerado Zona de Gran Afluencia Turística. Durante la tramitación se incorporaron pronunciamientos de FAUCA, FACCA, Asodican, la Cámara de Comercio y organizaciones de consumidores, hasta que el Gobierno de Canarias aprobó definitivamente la declaración.

La normativa vigente introduce ahora un elemento determinante: la declaración y modificación de una ZGAT corresponde al Gobierno de Canarias, pero debe producirse a propuesta del Ayuntamiento afectado. Es decir, una asociación empresarial puede presentar escritos, reclamaciones y argumentos, pero la iniciativa administrativa necesaria para modificar el actual escenario pasa por el Consistorio.

Y ahí comienza el problema político para el equipo de gobierno (CC-PP)

El Ayuntamiento tiene que decidir qué modelo comercial quiere para los domingos. Una ampliación de la libertad horaria chocaría con las posiciones defendidas por Zona Centro y FAUCA y acercaría Santa Cruz a modelos con periodos más amplios de apertura. Mantener la situación actual, por el contrario, supondría enfrentarse a las reclamaciones de las medianas y grandes superficies.

Por eso el informe que preparan los servicios jurídicos resulta fundamental. El Ayuntamiento busca determinar exactamente hasta dónde llegan sus obligaciones legales y qué margen posee para mantener el actual modelo.

Según ha podido saber La Gaceta de Canarias, el conflicto podría no terminar con la contestación municipal. Asodican está dispuesta a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si recibe una respuesta negativa a sus pretensiones. Su secretario general, Alfredo Medina, ya había señalado públicamente anteriormente que la organización no descartaba recurrir a los tribunales.

Eso introduce una variable que escapa al control político del Ayuntamiento: que termine siendo un juez quien examine la legalidad y la motivación de la decisión adoptada por Santa Cruz.

No significa que un tribunal vaya necesariamente a ordenar una apertura generalizada de los domingos. Esa conclusión dependería del procedimiento, los argumentos de las partes y la interpretación judicial de la legislación comercial. Pero la posibilidad de un contencioso convierte el expediente en algo bastante más importante que una disputa entre asociaciones empresariales.

Bermúdez y el área que dirige Carmen Pérez quedan así ante una decisión especialmente incómoda: mover el actual modelo supone enfrentarse a una parte del comercio; dejarlo como está puede llevar el conflicto directamente a los tribunales.

DESPIECE | En 2011 fue Zona Centro quien pidió la ZGAT; quince años después la llave está en el Ayuntamiento

Existe una paradoja especialmente significativa en este conflicto. La actual Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz nació precisamente por iniciativa de quienes entonces reclamaban mayores posibilidades de apertura.

El expediente oficial de 2011 recoge que Zona Centro presentó el 27 de enero de aquel año la solicitud para declarar el casco histórico como Zona de Gran Afluencia Turística. Durante el procedimiento se recabaron las posiciones de diferentes organizaciones empresariales y sociales y el Gobierno de Canarias terminó aprobando la declaración sin limitación temporal.

Quince años después, el marco legal ha cambiado y también lo ha hecho el debate comercial de la capital.

La regulación vigente establece que la determinación o modificación de estas zonas corresponde al Gobierno de Canarias a propuesta del Ayuntamiento, después de realizar las consultas e informes establecidos legalmente.

Por eso el escrito presentado ahora por Asodican no produce automáticamente una modificación de la ZGAT. Necesita que el Ayuntamiento adopte una posición y, eventualmente, impulse el procedimiento.

Si Santa Cruz rechaza hacerlo y Asodican considera que esa negativa vulnera la legislación comercial, la organización tiene abierta la vía contencioso-administrativa.

Ahí puede comenzar la segunda parte de una batalla que empezó como un enfrentamiento entre modelos comerciales y que amenaza con terminar convirtiéndose en una discusión jurídica sobre los límites de la libertad de apertura.