La investigación del denominado ‘caso Leire’ continúa ganando dimensión y ya suma alrededor de 40 personas investigadas en un procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Las pesquisas se centran en dos supuestas líneas de actuación: una presunta red dedicada a interferir en causas judiciales para «proteger al PSOE» y otra orientada, supuestamente, a obtener comisiones irregulares mediante contratos de empresas públicas.

Entre los principales investigados figuran el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista Leire Díez, a quienes la investigación sitúa como piezas centrales de la presunta organización. El procedimiento ha ido ampliándose desde que el pasado 27 de mayo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraran la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar documentación.

Una de las principales líneas de investigación sostiene que la organización habría desplegado diversas actuaciones para «proteger al PSOE». Según la Guardia Civil, el objetivo era desacreditar a magistrados que instruían procedimientos sensibles, además de recabar información sobre distintas investigaciones judiciales.

Las pesquisas apuntan también a supuestos intentos de influir sobre testigos y a contactos con el excomisario José Manuel Villarejo. Asimismo, el sumario recoge que se habrían ofrecido ascensos o posibles beneficios procesales vinculados a hipotéticos acuerdos con la Fiscalía, aunque estos no llegaron a materializarse.

La investigación también ha alcanzado a la Fiscalía General del Estado. En este contexto, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo mantuvieron en 2025 un encuentro con quien entonces era el número dos de la Fiscalía, Diego Villafañe, y con otra fiscal, ambos llamados posteriormente a declarar como testigos.

Otro de los focos del procedimiento se centra en las presuntas maniobras dirigidas contra la UCO, unidad encargada de investigar numerosos casos relacionados con el entorno del Gobierno y responsable también de esta causa. Según varios testimonios incorporados al sumario, Díez buscó información comprometedora sobre la unidad y sobre el mando Antonio Balas, llegando a afirmar que actuaba en nombre del «one», en alusión, presuntamente, al presidente del Gobierno.

En este apartado también figuran como investigados la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; su número dos, Manuel Llamas; y el anterior director del cuerpo, Leonardo Marcos. González reconoció ante el juez haber mantenido dos reuniones con Leire Díez, aunque negó cualquier colaboración con una supuesta estructura paralela y aseguró haber roto la relación cuando recibió determinadas peticiones relacionadas con un guardia civil investigado en el caso Koldo.

La segunda gran línea de investigación analiza una presunta trama para obtener mordidas a través de contratos de empresas públicas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el juez, esta operativa habría contado con la participación de Santos Cerdán y del denominado grupo «hirurok» («Nosotros tres», en euskera), integrado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso.

Las diligencias también investigan el papel del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, a quien la Guardia Civil atribuye haber facilitado la incorporación de Leire Díez a la empresa pública dentro de un supuesto sistema orientado a obtener comisiones en adjudicaciones.

Entre las operaciones bajo examen figuran varios contratos de Correos, una presunta comisión vinculada a las ayudas concedidas por la SEPI a Tubos Reunidos y actuaciones relacionadas con Enusa. La investigación se ha extendido igualmente a la actual presidenta de la empresa estatal, Belén Gualda, además de una veintena de empresarios y directivos que también figuran entre los investigados.