Hay imágenes que un país no debería acostumbrarse a ver.
Personas jugándose la vida en el mar para alcanzar Ceuta. Menores entrando a nado. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional intentando contener una presión que vuelve a poner al límite una frontera europea. Servicios de emergencia, trabajadores sociales y administraciones respondiendo como pueden a una situación que, una vez más, supera lo previsto.
Lo verdaderamente preocupante no es solo que ocurra. Lo preocupante es que corremos el riesgo de asumirlo como algo normal. Y no lo es.
Cada vez que se produce una entrada masiva volvemos a escuchar las mismas explicaciones, las mismas promesas y los mismos reproches. Pasan los días, cambia el foco informativo y el problema permanece. Hasta la siguiente crisis.
Y, mientras tanto, nadie parece hacerse las preguntas incómodas. La primera resulta inevitable.
Si Marruecos es presentado como un socio estratégico de España, un país estable, con importantes inversiones, con grandes infraestructuras, con aspiraciones internacionales y con capacidad para organizar junto a España y Portugal el Mundial de 2030, ¿por qué tantos ciudadanos marroquíes siguen viendo Europa como la única oportunidad para construir un futuro?
No es una pregunta contra Marruecos. Es una pregunta que Marruecos debería responder.
Porque las imágenes hablan por sí solas. Jóvenes que llegan abrazándose, besando el suelo, dando gracias por haber alcanzado España y explicando después que en su país no encuentran trabajo, oportunidades o un horizonte de futuro.
Ningún Estado debería sentirse cómodo cuando parte de su juventud cree que la esperanza empieza al otro lado de una frontera.
Una nación no se mide únicamente por sus carreteras, sus hoteles, sus grandes eventos o sus cifras macroeconómicas. También se mide por su capacidad para ofrecer empleo, estabilidad y expectativas a quienes nacen en ella.
Cuando miles de personas están dispuestas a jugarse la vida para marcharse, la pregunta deja de ser incómoda para convertirse en necesaria.
Al mismo tiempo, España también tiene preguntas pendientes.
Porque el Gobierno de España, sea cual sea su color político, tiene la obligación de explicar qué ha fallado, qué coordinación existe con Marruecos, qué medidas preventivas se adoptaron y por qué Ceuta vuelve a encontrarse bajo una presión extraordinaria.
No es una cuestión de izquierdas. No es una cuestión de derechas. Es una cuestión de Estado. No va de izquierdas ni de derechas. Va de sentido común.
Quizá uno de los mayores errores que hemos cometido como sociedad sea convertir cualquier problema en una guerra ideológica.
Todo termina reducido a un enfrentamiento entre bloques. Entre progresistas y conservadores. Entre quienes acusan de buenismo y quienes responden hablando de falta de humanidad.
Y así es imposible resolver nada. La inmigración no debería ser un arma política.
Defender unas fronteras seguras no convierte automáticamente a nadie en xenófobo.
Defender la dignidad de quienes emigran tampoco convierte a nadie en ingenuo.
Las dos cosas pueden convivir perfectamente. Lo que hace falta es sentido común. Cada país tiene el deber de cuidar de sus ciudadanos. Tiene la obligación de generar empleo, riqueza, oportunidades y estabilidad. De construir un proyecto de país que permita a sus jóvenes desarrollar una vida digna sin verse obligados a marcharse.
Eso no significa negar una realidad evidente: todos, de una forma u otra, somos hijos de la emigración.
España emigró. Canarias emigró. Miles de canarios cruzaron el Atlántico buscando un futuro cuando aquí no existían oportunidades.
Precisamente por eso sabemos de lo que hablamos. En Canarias no analizamos este fenómeno desde el salón de casa.
No lo hacemos desde un plató de televisión perfectamente climatizado.
Ni desde una tribuna política con aire acondicionado. Lo vivimos. Lo vemos. Lo sentimos. Sabemos lo que supone rescatar personas en el Atlántico.
Sabemos lo que significa atender a menores que llegan solos.
Sabemos el esfuerzo que realizan policías, guardias civiles, Salvamento Marítimo, sanitarios, voluntarios y administraciones públicas para responder a una presión migratoria permanente.
Y precisamente porque convivimos con esa realidad sabemos que ni el buenismo resuelve el problema ni los discursos simplistas ofrecen soluciones.
Hace falta humanidad. Hace falta firmeza. Y, sobre todo, hace falta gestión. También conviene decir otra cosa.
España protege una frontera exterior de la Unión Europea. Por eso este asunto no puede contemplarse únicamente como un problema de Ceuta, de Melilla o de Canarias.
Es un desafío europeo. Y la relación entre España y Marruecos debe basarse en el respeto mutuo y en la corresponsabilidad.
La cooperación entre dos Estados no se demuestra únicamente con fotografías oficiales, cumbres diplomáticas o declaraciones institucionales.
Se demuestra cuando aparece una crisis. Y aquí España tiene derecho a preguntar. Tiene derecho a exigir explicaciones.
Tiene derecho a reclamar que un socio estratégico actúe con la misma responsabilidad que se le exige al Gobierno español.
No se trata de señalar sin pruebas. Se trata de pedir responsabilidades.
Porque si la cooperación existe, debe traducirse en resultados.
Y si no los hay, alguien tendrá que explicar por qué. Las mafias existen.
Y deben ser perseguidas con toda la contundencia de la ley.
Pero las mafias no crean la desesperación. Se aprovechan de ella.
Mientras existan miles de jóvenes convencidos de que solo encontrarán una oportunidad al otro lado del mar, el problema seguirá reproduciéndose.
Las soluciones no son sencillas. Requieren cooperación internacional. Requieren combatir a las organizaciones criminales.
Requieren procedimientos migratorios eficaces y respetuosos con el Estado de derecho. Requieren ayudar a los países de origen a generar oportunidades reales para sus ciudadanos. Y requieren que cada gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde.
Porque emigrar debería ser una elección. Nunca una obligación nacida de la desesperación. Lo verdaderamente preocupante sería acostumbrarnos a estas imágenes. Aceptar que cientos de personas crucen una frontera a nado como si fuera un episodio inevitable. Convertir la excepcionalidad en rutina. Eso sí sería un fracaso colectivo. Y ese fracaso no tendría ideología, tendría responsables.