La Comisión Europea ha elevado la presión sobre España ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta y ha dejado clara su posición: las personas que permanezcan irregularmente en la ciudad autónoma deben ser retornadas a Marruecos. Una postura que, según Bruselas, alcanza también a los menores extranjeros no acompañados, siempre bajo las garantías específicas previstas por el Derecho comunitario.

El mensaje llega después de semanas de enorme presión sobre Ceuta y en un momento en el que las administraciones tratan de ampliar unos recursos de acogida desbordados por las llegadas.

Desde Bruselas, el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, señaló que la expectativa de la Comisión es que quienes permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados. La Comisión precisó además que la normativa europea contempla también el retorno de menores no acompañados, aunque establece para ellos condiciones y mecanismos de protección específicos.

El pronunciamiento europeo resulta especialmente relevante porque despeja una de las cuestiones jurídicas que han acompañado a la crisis: ser menor no impide automáticamente un eventual retorno. Eso tampoco significa que puedan realizarse devoluciones colectivas o automáticas. Cada actuación debe respetar la legislación europea, el interés superior del menor y las garantías establecidas para su protección.

La dimensión del problema queda reflejada en los datos oficiales. El Ministerio del Interior cifra en 2.168 los menores identificados por la Policía Nacional desde el pasado 30 de julio, mientras continúa siendo difícil establecer con precisión cuántas personas permanecen irregularmente en la ciudad.

Bruselas considera además imprescindible la cooperación entre España y Marruecos. La efectividad de cualquier política de retorno depende necesariamente de la colaboración de Rabat para identificar y readmitir a quienes proceda devolver conforme a la legislación.

La Unión Europea también ha trasladado su disposición a apoyar a España ante la emergencia. Representantes comunitarios se han desplazado a Ceuta para conocer sobre el terreno las necesidades existentes, especialmente en materia de acogida y atención a menores.

Pero el mensaje político lanzado desde Europa va más allá de la asistencia inmediata. Bruselas marca una hoja de ruta basada en acogida, identificación y, cuando legalmente corresponda, retorno, situando ahora la responsabilidad sobre Madrid y Rabat para gestionar una crisis que ha llevado a Ceuta al límite de su capacidad.