El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto por el que el Gobierno concede el indulto parcial a la que fuera presidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, Laura Borràs: «Vengo en conmutar a doña Laura Borràs Castanyer la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto, estimando que concurren razones de justicia y equidad».

Una medida que se aprobó este martes por parte del consejo de ministros y que supondrá que finalmente no ingrese en prisión. Dicho indulto conmuta la pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años de cárcel. Al carecer de antecedentes penales, Borràs no entrará en un centro penitenciario. Eso sí, el resto de la condena no queda afectada, por lo que se mantiene la multa de 36.000 euros y la inhabilitación impuesta por los tribunales.

Laura Borràs fue condenada por adjudicar de manera irregular varios contratos cuando dirigía la ‘Institució de les Lletres Catalanes’ entre 2013 y 2018. En febrero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delitos de prevaricación y falsedad documental.

Reacciones enfrentadas

La decisión ha generado reacciones dispares. Desde Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, sostuvo que el indulto «no repara» el perjuicio causado a Borràs y denunció que la condena fue una injusticia, al mantenerse la inhabilitación.

Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida asegurando que, al igual que los indultos concedidos a los líderes del procés o la ley de amnistía, contribuye a la normalización de la situación política en Cataluña. En cambio, distintas voces críticas, entre ellas el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han cuestionado la oportunidad de conceder un indulto a una persona condenada por corrupción.