La ampliación del Estadio de Gran Canaria para convertirlo en una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030 volverá a salir a licitación durante el mes de agosto con un presupuesto de 234 millones de euros, casi 60 millones más que el importe del concurso anterior, que quedó desierto por falta de empresas interesadas.

El Cabildo de Gran Canaria ha explicado que el nuevo procedimiento se activará en los próximos quince días y que el calendario previsto permitirá cumplir con los requisitos y plazos establecidos por la FIFA. La institución confía en que el incremento presupuestario haga viable un proyecto que, además de las exigencias técnicas, contempla que la UD Las Palmas continúe utilizando el estadio durante las obras.

La financiación de la actuación también se ha reforzado con la incorporación del Gobierno de Canarias, que aportará 25 millones de euros, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con otros 15 millones. A ello se suman los 60 millones comprometidos por la UD Las Palmas, mientras que el Cabildo deberá asumir una diferencia de 19,3 millones, para cuya cobertura ya negocia la participación del Gobierno de España.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, han destacado la colaboración entre administraciones para sacar adelante una infraestructura que consideran estratégica para la isla. Ambos sostienen que el proyecto impulsará la proyección internacional de Gran Canaria, además de generar oportunidades económicas, sociales y deportivas.

La corporación insular recuerda que el estadio, inaugurado en 2003 con capacidad para 32.000 espectadores, es una instalación que quedó inacabada y cuya reforma permitirá adecuarla a las exigencias del torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

El proyecto fue concebido inicialmente con un coste de 114 millones de euros, cifra que posteriormente aumentó con otros 60 millones destinados a reforzar el terreno sobre el que se asienta el recinto. Fue entonces cuando la UD Las Palmas se incorporó a la financiación de la obra a cambio de participar en la futura gestión del estadio, que el Cabildo insiste en que seguirá siendo de titularidad 100 % pública.

La institución atribuye el fracaso de la anterior licitación, valorada en 174,7 millones de euros, al encarecimiento de materiales como el acero y el aluminio, así como al aumento del coste de la mano de obra especializada, factores que relaciona con el contexto geopolítico internacional y el incremento de los precios en el sector de la construcción.