La semana que hoy concluye ha puesto fin a un curso político especialmente convulso, marcado por acontecimientos de enorme trascendencia tanto en España como en Canarias. Entre todos ellos sobresale uno cuya gravedad obliga a una reflexión serena, pero también firme. Se produjo lejos de nuestro archipiélago, en la ciudad autónoma de Ceuta, aunque sus consecuencias afectan de lleno a Canarias y al conjunto de la política española y a la seguridad de nuestras fronteras.
La entrada masiva e incontrolada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos desbordó en cuestión de horas una frontera exterior de España y, por tanto, de la Unión Europea. Más allá de las imágenes que dieron la vuelta al mundo y del intenso debate político que generó, existe una conclusión que no admite discusión: un episodio de estas características no puede volver a repetirse. Ni en Ceuta, ni en Melilla, ni tampoco en Canarias, cuya condición geográfica la convierte igualmente en una de las principales puertas de entrada hacia Europa.
Reducir lo sucedido a una simple crisis migratoria sería un error de diagnóstico. La magnitud de los hechos y las circunstancias en que se produjeron apuntan a un fenómeno de naturaleza mucho más compleja. Resulta difícil sostener que una movilización de semejantes dimensiones pudiera desarrollarse sin, al menos, una actitud de permisividad por parte de las autoridades marroquíes. Negar esa evidencia supone ignorar un elemento esencial para comprender lo ocurrido y, en consecuencia, para evitar que vuelva a producirse.
Sorprende, por ello, la extrema cautela mostrada por el Gobierno español a la hora de exigir responsabilidades políticas y diplomáticas al país vecino. La prudencia es siempre recomendable en las relaciones internacionales, pero esta opción no puede confundirse con el silencio, la debilidad o la renuncia a defender con claridad y firmeza los intereses nacionales. El Gobierno de España no puede permitirse cuestionar la preocupación expresada por otros gobiernos europeos ante la vulneración de una frontera común, en la medida que hasta ahora no ha sido capaz de pronunciar palabra alguna de crítica hacia su homólogo de Marruecos, siendo este el país causante de esta grave crisis, ya sea por indolencia o por cálculo previo, lo que tampoco resulta descartable.
No se trata de alimentar enfrentamientos innecesarios ni de fomentar una política de confrontación permanente con Rabat. Ese sería un error tan grave como el contrario. Marruecos es un vecino imprescindible con el que España comparte intereses estratégicos, económicos y de seguridad. Pero también es un vecino complejo, cuyas prioridades no siempre coinciden con las nuestras y cuya forma de entender las relaciones bilaterales dista en ocasiones de los principios de reciprocidad y respeto mutuo que deberían presidirlas. Y sí, en más ocasiones de las deseables Marruecos se comporta como un mal vecino.
Las diferencias entre ambos países son evidentes. La frontera hispano-marroquí constituye probablemente el mayor contraste de renta existente entre dos territorios contiguos en el mundo. A ello se suma una profunda diferencia institucional. España forma parte de las democracias consolidadas de Europa Occidental; Marruecos mantiene un sistema político donde la figura de la monarquía conserva un peso determinante y donde los mecanismos democráticos responden a parámetros muy distintos de los europeos. Esa realidad no puede ignorarse a la hora de diseñar una política exterior realmente eficaz.
Existen además cuestiones históricas que continúan condicionando la relación bilateral. Ceuta y Melilla siguen siendo objeto de reivindicación por parte de Marruecos. También el Sáhara Occidental permanece como uno de los grandes asuntos pendientes de la política internacional, sobre el que España y la Unión Europea han modificado sustancialmente su posición durante los últimos años. A ello se añaden concesiones de carácter económico, político e incluso simbólico que, lejos de haber consolidado una relación más estable, no parecen haber reducido los episodios de tensión entre ambos países ni las ambiciones de Marruecos por acrecentar su poder regional en detrimento de sus propios vecinos.
De hecho, algunos analistas califican este tipo de situaciones como expresiones de una guerra híbrida: episodios cuidadosamente diseñados para ejercer presión política sin recurrir al enfrentamiento militar convencional. Sin entrar en interpretaciones que exceden las evidencias disponibles, sí parece razonable constatar que determinadas crisis se producen con una sincronía y una intensidad que difícilmente pueden atribuirse únicamente a la improvisación. En un contexto internacional cada vez más complejo, donde confluyen múltiples intereses geopolíticos, España no puede permitirse analizar estos acontecimientos con ingenuidad. Por el contrario, debe armarse de argumentos, cuidar sus alianzas y mostrar firmeza cuando corresponde.
Como suele suceder, la política estatal ha reaccionado reproduciendo sus habituales dinámicas de polarización. Gobierno y oposición han convertido una cuestión de Estado en un nuevo motivo de confrontación partidista. Es una mala noticia. La defensa de las fronteras, la política exterior y la seguridad nacional deberían situarse por encima de las disputas electorales. Ningún Ejecutivo debería afrontar una crisis de esta naturaleza sin el respaldo institucional que exige la defensa del interés general. Pero eso también supone esperar del Gobierno una visión compartida sobre los intereses de España. Una política exterior común no es un trágala ni una adhesión forzosa, sino el resultado de un diálogo real que ponga en común todas las visiones de nuestra sociedad.
La principal lección que deja lo sucedido es la necesidad de actuar con firmeza democrática. Firmeza para proteger las fronteras; firmeza para ejercer una diplomacia que no renuncie a defender los intereses españoles; firmeza para recordar a cualquier socio internacional que la cooperación exige responsabilidades compartidas y respeto mutuo. También conviene extraer otra enseñanza igualmente importante: España no puede delegar el control efectivo de sus fronteras en terceros países. La colaboración con Marruecos resulta necesaria y seguirá siéndolo, pero la responsabilidad última corresponde al Estado español. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes deben garantizar la protección de nuestras fronteras exteriores, reforzando los medios humanos, materiales y tecnológicos allí donde resulte necesario.
Desde una perspectiva liberal, como la que defiende este medio, un Estado fuerte no es un Estado omnipresente, sino un Estado capaz de cumplir con eficacia aquellas funciones que le son irrenunciables. La seguridad pública, el control de las fronteras, una diplomacia solvente, unos servicios de inteligencia eficaces y unas capacidades de defensa creíbles constituyen precisamente algunas de esas responsabilidades esenciales. La integridad territorial de un país no admite improvisaciones ni puede quedar condicionada por intereses ajenos.
España continúa siendo una potencia media con capacidad para hacerse escuchar en Europa y en el mundo. Pero esa capacidad exige claridad estratégica, coherencia diplomática y determinación política. La crisis de Ceuta deja numerosas enseñanzas. La cuestión es si nuestros responsables públicos estarán dispuestos a aprenderlas antes de que una situación semejante vuelva a repetirse. Canarias, por su posición geográfica y por su condición de frontera sur de Europa, tiene razones más que suficientes para esperar que así sea. Y para estar preocupada.