Ceuta continúa bajo una fuerte presión migratoria y las medidas anunciadas por el Gobierno de España siguen lejos de cubrir las necesidades que reflejan los propios datos oficiales. El Ejecutivo ha anunciado este lunes la habilitación de cuatro espacios temporales de atención humanitaria con capacidad conjunta para unas 1.500 personas, mientras las autoridades sitúan en torno a 5.000 los migrantes que todavía permanecen en la ciudad. Según el gobierno nacional y no el autónomo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comunicó la puesta en marcha de estos dispositivos tras mantener una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas. El objetivo es retirar de calles, playas y otros espacios públicos a parte de las personas que continúan sin alojamiento adecuado y reforzar la asistencia humanitaria.
Los nuevos espacios estarán ubicados en la hípica próxima al CETI, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería, El Guano y el aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar. Tres terrenos son aportados por el Estado y el cuarto por la Ciudad Autónoma. En conjunto permitirán alojar aproximadamente a 1.500 personas.
La diferencia entre las cifras evidencia, sin embargo, la insuficiencia inicial de la respuesta. Incluso tomando como referencia los aproximadamente 5.000 migrantes que manejan las autoridades, las nuevas instalaciones únicamente tendrían capacidad para tres de cada diez personas. Quedarían, por tanto, miles fuera de estos nuevos dispositivos.
La incertidumbre es todavía mayor porque no existe un recuento cerrado que permita determinar con absoluta precisión cuántas personas continúan dispersas por Ceuta. El propio Vivas ha manejado durante la crisis estimaciones superiores a las del Gobierno central, mientras vecinos de diferentes zonas aseguran que la presencia real podría ser mucho mayor y algunos llegan a hablar incluso del triple de la cifra oficial. Estas últimas estimaciones son percepciones vecinales y no datos acreditados por las administraciones.
El Ejecutivo central ha movilizado además recursos extraordinarios para alimentación, asistencia sanitaria y atención humanitaria, mientras continúa trabajando en los procedimientos administrativos derivados de la entrada masiva.
Pero la situación sobre el terreno mantiene la tensión. La presencia de migrantes en diferentes puntos de la ciudad, la presión sobre los servicios y las dificultades para proporcionar alojamiento han provocado un creciente enfrentamiento entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central.
La apertura de los cuatro campamentos supone así un primer incremento relevante de la capacidad asistencial, pero 1.500 plazas frente a una referencia oficial de alrededor de 5.000 personas dejan todavía una brecha considerable.
Ceuta afronta, por tanto, una nueva etapa de la crisis: más capacidad de acogida, pero todavía insuficiente para absorber una situación cuya verdadera dimensión sigue siendo objeto de discrepancia entre las administraciones y la percepción existente en las calles.
Vivas da 30 días al Gobierno y amenaza con acudir a la Justicia
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado la presión sobre el Gobierno de España y ha advertido de que acudirá a la Justicia si en un plazo de 30 días no se ofrecen soluciones efectivas a la crisis migratoria.
Vivas considera insuficiente la respuesta recibida hasta ahora y reclama una actuación extraordinaria del Estado que permita recuperar la normalidad, atender a las personas que permanecen en la ciudad y agilizar los procedimientos administrativos correspondientes.
La advertencia supone un salto en el enfrentamiento institucional. El presidente ceutí plantea que, agotado ese plazo sin una respuesta suficiente, la Ciudad Autónoma estudiará las acciones judiciales que considere oportunas para defender sus intereses y exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades.
Los cuatro nuevos espacios para 1.500 personas rebajan parcialmente la presión, pero no han cerrado el conflicto. Vivas mantiene su ultimátum: 30 días para solucionar la situación o la crisis de Ceuta puede terminar también en los tribunales.