La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) ha respaldado la reivindicación de Canarias para que las regiones tengan un papel decisivo en el diseño de las políticas migratorias de la Unión Europea. En un documento que remitirá a las instituciones comunitarias, la organización, integrada por unas 150 regiones europeas, considera que las administraciones regionales y locales siguen estando relegadas en la toma de decisiones, pese a ser las que afrontan directamente la gestión de los flujos migratorios.

El informe sostiene que el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo no reconoce suficientemente el papel estratégico de las regiones, tratándolas principalmente como ejecutoras de medidas y no como participantes en la elaboración de las políticas. La CRPM recuerda que los gobiernos regionales son responsables de ámbitos esenciales como la acogida, la integración, la atención sanitaria, la educación y la protección de los menores migrantes no acompañados.

Además, denuncia que muchas regiones con elevada presión migratoria, especialmente las situadas en las fronteras exteriores de la UE y en las rutas marítimas, apenas han sido consultadas durante la preparación de los planes nacionales para aplicar el pacto europeo. Una situación que, según advierte, puede dificultar la eficacia de las medidas al no tener en cuenta la realidad de los territorios afectados.

Ante este escenario, la organización propone que la participación de las autoridades regionales y locales en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias nacionales de migración sea obligatoria y quede recogida de forma expresa en los mecanismos de gobernanza.

Mayor protección para los menores

La CRPM también coincide con Canarias en su preocupación por la falta de claridad del Pacto Europeo respecto a la atención de los menores migrantes. En concreto, considera que el reglamento de triaje no define adecuadamente quién debe asumir la tutela de los menores no acompañados que solicitan asilo tras llegar a un puerto o a un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Asimismo, expresa reservas sobre la ampliación del sistema europeo de identificación mediante huellas dactilares y reconocimiento facial, que rebaja de 14 a 6 años la edad para registrar a los menores. La organización reclama que cualquier aplicación de estas medidas garantice siempre el interés superior del menor y todas las salvaguardas necesarias durante el proceso.

Reclama financiación específica

Otro de los ejes del documento es la petición de fondos específicos para las regiones que soportan una mayor presión migratoria. La CRPM considera que estas administraciones deben participar de forma estructural en la planificación y gestión de los recursos económicos destinados a migración, con el fin de adaptar las inversiones a las necesidades de cada territorio.

La organización muestra su preocupación por que la centralización de la financiación en planes nacionales pueda reducir el acceso de las regiones de primera línea a los recursos y diluir sus prioridades. Por ello, reclama partidas suficientes y específicas para reforzar las políticas de cohesión social, convivencia e integración, evitando tensiones derivadas de la competencia por servicios públicos como la sanidad, la asistencia jurídica o los servicios sociales entre la población local y la migrante.