El Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que modifique la Ley de Dependencia para evitar que las personas beneficiarias vean reducida automáticamente su prestación económica cuando perciben otras ayudas públicas de características similares.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha trasladado esta petición al ministro Pablo Bustinduy a través de una carta. El Ejecutivo autonómico considera que el actual sistema de compensaciones limita el impacto real de las prestaciones destinadas a cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia.
La normativa estatal establece que determinadas ayudas que ya recibe el beneficiario deben descontarse de la prestación económica de dependencia. Entre ellas se encuentran algunos complementos vinculados a situaciones de gran incapacidad, discapacidad o necesidad de asistencia de una tercera persona.
Para el Gobierno canario, este mecanismo puede provocar que el reconocimiento de una nueva prestación no suponga un aumento efectivo de los recursos disponibles para afrontar los gastos derivados de los cuidados. Delgado ha defendido que las personas dependientes deben disponer de mayores recursos para hacer frente a cuestiones como la atención personal, la movilidad, la adaptación de sus viviendas, los productos de apoyo o la asistencia continuada.
Canarias reclama que la compatibilidad alcance a todos los grados
La propuesta que actualmente se debate en el Senado plantea eliminar estas reducciones en los casos de dependencia extrema, correspondientes al nuevo Grado III+. Sin embargo, Canarias considera insuficiente limitar la medida a este colectivo y reclama que la compatibilidad entre prestaciones se aplique también al resto de grados de dependencia.
El Ejecutivo autonómico sostiene que las personas con distintos niveles de dependencia también afrontan importantes gastos asociados a sus necesidades de cuidados y autonomía. Por ello, defiende que la mejora de las prestaciones debe tener un alcance general.
Además, el Gobierno de Canarias reclama que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de una estimación económica y de la correspondiente financiación, con el objetivo de evitar que el incremento del coste sea asumido exclusivamente por las comunidades autónomas.
Cambios también en la Ley de Servicios Sociales de Canarias
En paralelo, el Boletín Oficial de Canarias ha publicado una modificación de la normativa autonómica de Servicios Sociales destinada a introducir cambios en el funcionamiento y la acreditación de los centros y servicios relacionados con la atención a personas en situación de dependencia.
La reforma pretende agilizar determinados trámites y facilitar la apertura de nuevos recursos mediante la utilización de la declaración responsable. Según el Ejecutivo autonómico, estos cambios permitirán al sistema responder con mayor rapidez ante la falta de plazas, las demoras en el acceso a las prestaciones, las situaciones de urgencia social o las necesidades de continuidad asistencial.
El Gobierno de Canarias considera que la modificación también contribuirá a mejorar la atención y a corregir posibles desequilibrios territoriales en el acceso a los servicios de dependencia.