Cuando iniciamos esta serie de editoriales sobre las relaciones entre España y Marruecos pensamos que una sola entrega sería suficiente para exponer nuestra posición. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas nos obligaron a añadir nuevos análisis, que culminamos hoy con una cuarta y, por el momento, última reflexión. La crisis vivida entre ambos países ha vuelto a poner de manifiesto algunas de las cuestiones que hemos venido señalando: España necesita mantener con Marruecos una relación de cooperación y entendimiento, pero desde la reciprocidad, la firmeza y la defensa inequívoca de sus intereses; y esa relación no puede quedar sometida a episodios de presión, reproches cruzados o decisiones coyunturales. Marruecos es un vecino y un socio imprescindible, y esto es especialmente válido para Canarias, pero precisamente por eso nuestra política hacia Rabat debe asentarse sobre criterios estables y previsibles. Por tanto, esta nueva aportación no modifica las conclusiones que habíamos alcanzado; al contrario, las refuerza y nos lleva a prolongar la serie una semana más.
En los tres editoriales anteriores hemos defendido algunas ideas que consideramos esenciales. La primera es que España necesita mantener con Marruecos una relación basada en el diálogo y la cooperación, pero también en la firmeza. La segunda es que la defensa de nuestra integridad territorial no admite diferentes grados de intensidad dependiendo de la distancia respecto de Madrid: Canarias, Ceuta y Melilla son tan España como cualquier otro territorio del país. Hoy queremos cerrar esta reflexión dando un paso más. Y la conclusión que planteamos está muy clara: España necesita una política de Estado hacia Marruecos. No una política de Gobierno. No una sucesión de decisiones condicionadas por las necesidades parlamentarias, las coyunturas electorales o la voluntad del Ejecutivo que en cada momento ocupe La Moncloa. Tampoco una política que un Gobierno decide unilateralmente para reclamar después a la oposición que se adhiera a ella en nombre de la responsabilidad institucional. Una política de Estado es otra cosa.
Una política de Estado es una política previamente dialogada y consensuada en sus grandes principios. Una política capaz de sobrevivir a los cambios de Gobierno y de responder a las crisis con unidad de mensaje y unidad de criterio. Una política que permita que Marruecos, y cualquier otro país con el que mantenemos relación, sepa cuáles son las posiciones esenciales de España independientemente de quién gobierne. Debe ser así, porque la bronca política permanente tiene un precio cuando se traslada a las relaciones internacionales. Cada crisis exterior convertida automáticamente en un nuevo episodio de enfrentamiento partidista termina debilitando el mensaje de España como Estado. Y esa debilidad es percibida fuera de nuestras fronteras.
Desde Canarias sabemos perfectamente hasta qué punto esto importa. Marruecos no es para España un vecino cualquiera. Nuestra relación está atravesada por intereses económicos y comerciales, por la cooperación en materia migratoria y de seguridad, por la lucha contra el terrorismo, por cuestiones energéticas y por asuntos territoriales de enorme sensibilidad. Para Canarias existe además una cuestión de especial trascendencia: la delimitación de los espacios marítimos entre el Archipiélago y la costa africana siguen pendientes de resolver. Son demasiados intereses y demasiado importantes como para que nuestra relación bilateral dependa de la improvisación o de los vaivenes de la política nacional. Por seguir con el ejemplo, la negociación sobre esos espacios marítimos debe realizarse con rigor, eficacia diplomática y firmeza, respetando el Derecho Internacional del Mar y los derechos legítimos de las partes hasta alcanzar una solución equitativa. Y exactamente el mismo principio debe inspirar el conjunto de nuestra relación con Marruecos: cooperación cuando sea posible, diálogo siempre que sea útil y firmeza cuando estén en juego los intereses de España. Pero para ello hace falta cambiar el método de proceder.
Por tanto, aquí no se trata necesariamente de que España modifique sus posiciones. Se trata de que cambie la manera de construirlas. Una política de Estado hacia Marruecos debería incorporar al Gobierno y a las principales fuerzas de la oposición, pero no solamente a ellas. Debería escuchar más y mejor al cuerpo diplomático español y aprovechar su experiencia y conocimiento. Debería incorporar a expertos, instituciones académicas y centros dedicados al análisis de nuestras relaciones internacionales. Y debería contar también con aquellas comunidades autónomas que tienen intereses especialmente relevantes en la relación bilateral. Canarias, evidentemente, es una de ellas. Resultaría difícil de comprender que las grandes decisiones españolas respecto de Marruecos se adoptasen sin escuchar suficientemente a un Archipiélago situado frente a la costa africana y directamente afectado por cuestiones como la inmigración, la delimitación de los espacios marítimos o las relaciones económicas.
El consenso no significa ingenuidad ni unanimidad artificial. Tampoco supone renunciar a las diferencias ideológicas legítimas entre los partidos. Significa reconocer que existen determinados intereses nacionales que deberían permanecer protegidos de la batalla política cotidiana. Y la relación con Marruecos es claramente uno de ellos.
La crisis de Ceuta demuestra, además, que todavía quedan asuntos por resolver. Uno de los más delicados es la situación de los menores que entraron en territorio español durante aquellos acontecimientos. También en Canarias conocemos bien la enorme complejidad humana, jurídica y administrativa que plantea la atención a menores extranjeros no acompañados. La respuesta debe producirse siempre dentro de la legalidad y respetando escrupulosamente los derechos que asisten a cada menor. Cada situación particular que pueda requerir protección especial deberá ser estudiada como corresponde.
Pero esas garantías no deberían impedir que España y Marruecos articulen mecanismos eficaces para que, siempre que concurran las condiciones legales y resulte compatible con el interés superior del menor, pueda producirse la reunificación con sus familias y el retorno a su país de origen. El Gobierno de Marruecos, no sabemos si de forma totalmente sincera, ha manifestado su disposición a recibir a estos menores. España debe exigir que esa voluntad se traduzca en mecanismos efectivos y seguros, con todas las garantías necesarias. La responsabilidad sobre estos jóvenes no puede convertirse en otro instrumento de presión dentro de las relaciones entre ambos países.
También aquí necesitamos política de Estado. Porque la inmigración, la protección de nuestras fronteras y la atención a los menores son asuntos demasiado importantes para quedar atrapados indefinidamente en el mismo enfrentamiento político que vivimos día tras día en este país.
Durante estas semanas hemos hablado de firmeza. Hemos hablado de la defensa de Canarias, Ceuta y Melilla como partes inseparables de España. Y terminamos hablando de consenso. Los tres argumentos están relacionados. Un país es más fuerte frente al exterior cuando sabe qué intereses quiere defender, cuando protege por igual todos sus territorios y cuando sus principales fuerzas políticas son capaces de ponerse de acuerdo sobre las líneas esenciales de su acción exterior.
España puede y debe mantener con Marruecos una relación estrecha, inteligente y beneficiosa para ambos países. Nuestra geografía nos obliga a entendernos y nuestros intereses aconsejan cooperar. Pero precisamente por la importancia de esa relación debemos construirla desde la claridad, la reciprocidad y el respeto mutuo. No será sencillo alcanzar ese consenso. Las diferencias políticas existen y algunas son profundas. Pero precisamente porque es difícil merece la pena intentarlo. España necesita frente a Marruecos menos política de Gobierno y más política de Estado. En este medio no somos ingenuos, pero tampoco creemos que sea una tarea imposible. Manos a la obra.