Hay un recurso económico del que hablamos muy poco en Canarias. No es el suelo. No es la energía. Tampoco el agua. Es el tiempo.

El tiempo que necesita una empresa para obtener una autorización. El que transcurre desde que un inversor decide desarrollar un proyecto hasta que puede comenzar las obras. El que tarda una licencia, una evaluación ambiental, una subvención o un informe sectorial.

Ese tiempo también cuesta dinero. Y quizá haya llegado el momento de incorporarlo definitivamente a nuestra política económica.

Porque podemos tener uno de los mejores Regímenes Fiscales de Europa, incentivos a la inversión, universidades, talento, puertos estratégicos y una posición geográfica privilegiada. Pero si transformar una decisión empresarial en una inversión real requiere años de incertidumbre administrativa, una parte importante de esas ventajas pierde valor.

No estamos ante un problema nuevo. Lo hemos diagnosticado muchas veces. La diferencia es que ahora deberíamos empezar a preguntarnos algo bastante más incómodo:

¿Cuánto crecimiento está perdiendo Canarias por tardar demasiado en decidir?

Catorce años y nueve meses

Hay cifras que explican un problema mejor que muchas páginas de análisis. Un reciente análisis de la Audiencia de Cuentas de Canarias, sobre las infraestructuras viarias canarias ha situado en 14 años y 9 meses el tiempo medio del proceso hasta culminar determinadas carreteras.

Casi quince años. Es evidente que una gran infraestructura necesita planificación, evaluación ambiental, disponibilidad presupuestaria, expropiaciones, proyecto y controles. Nadie sensato propone eliminarlos.

Pero entre eliminar controles y tardar quince años existe un espacio enorme para mejorar. Y el problema no se limita a las carreteras. La propia normativa canaria ha reconocido que determinadas licencias urbanísticas superan ampliamente el plazo legal de tres meses y pueden acumular retrasos de años, con consecuencias sobre inversiones y actividades productivas.

Ahí aparece el verdadero coste de la burocracia.

Una inversión presupuestada no es una inversión ejecutada. Una fábrica pendiente de autorización no produce. Una instalación energética pendiente de informes no genera energía. Una promoción esperando licencia no construye. Y un proyecto empresarial bloqueado administrativamente no genera empleo.

El tiempo administrativo también forma parte del coste de producir en Canarias. El empresario puede asumir riesgo, no incertidumbre. Todo empresario sabe que invertir implica riesgo. Puede equivocarse con el producto, con el mercado, con la tecnología o con la demanda. Forma parte de la actividad empresarial.

Lo que no debería formar parte de ella es desconocer durante meses o años, cuándo obtendrá una respuesta de la Administración. Porque mientras espera sigue pagando: financiación, profesionales, proyectos, avales, terrenos, actualizaciones técnicas y, sobre todo, coste de oportunidad.

La inversión tiene una característica que a veces olvidamos: se mueve. Si un proyecto encuentra demasiadas dificultades en un territorio, puede terminar desarrollándose en otro. Y esa inversión perdida nunca aparecerá en nuestras estadísticas.

Medimos las empresas que se crean, no las que decidieron no venir. Medimos los empleos generados, no los que nunca llegaron a existir.

Otros han empezado a cambiar las reglas

Por eso merece la pena mirar qué están haciendo otras comunidades. No para copiar modelos completos. Canarias tiene una realidad territorial y jurídica propia. Pero sí para aprender.

Andalucía aprobó en 2024 un amplio paquete de simplificación que incorpora un principio especialmente interesante: la mínima intervención administrativa. La autorización o licencia previa debe reservarse a aquellos supuestos en los que esté justificada y no pueda sustituirse razonablemente por una declaración responsable o una comunicación.

Además, con carácter general, sus procedimientos administrativos no pueden superar seis meses, salvo que una ley o el Derecho europeo establezcan otra cosa. Cuando no existe un plazo específico, el máximo es de tres meses.

Y existe un dato todavía más ilustrativo: para los informes y dictámenes sectoriales de la propia Administración andaluza se establece, como regla general, un plazo de diez días, salvo que otra normativa disponga un plazo diferente.

Diez días.

El plazo deja de ser una aspiración y se convierte en una herramienta de gestión. Andalucía también exige que, cuando sean necesarios varios informes sectoriales, se soliciten de manera simultánea siempre que sea posible, evitando que un informe tenga que esperar innecesariamente a que termine el anterior.

Esta idea es importante para Canarias. Muchas veces el problema no es únicamente cuántos trámites existen, sino que los realizamos uno detrás de otro cuando podrían avanzar al mismo tiempo.

Una persona responsable, no diez ventanillas. El modelo andaluz aporta otra idea que Canarias debería estudiar con atención: la gestión coordinada de procedimientos.

Cuando un proyecto necesita la intervención de distintos departamentos o administraciones, puede establecerse un marco común de trabajo, un calendario para informes y resoluciones y una persona responsable de la coordinación.

Parece una cuestión organizativa. En realidad, puede cambiar por completo la experiencia de una empresa. Uno de los mayores problemas que encuentra quien aborda una inversión compleja es que termina convirtiéndose en coordinador de la propia Administración. Urbanismo pide una cosa. Medio Ambiente otra. Industria otra. El ayuntamiento otra. Y el promotor tiene que descubrir cómo encajan todas.

Para determinados proyectos debería existir un único interlocutor administrativo, responsable de coordinar internamente los informes necesarios. No una ventanilla única que simplemente recibe documentos. Una auténtica dirección de proyecto administrativa.

Madrid: sustituir espera por responsabilidad

Madrid ofrece otro ejemplo interesante. La Comunidad modificó su legislación urbanística para sustituir buena parte de las licencias previas por declaraciones responsables en determinadas actuaciones. La propia Comunidad señaló entonces que una licencia urbanística podía tardar de media alrededor de doce meses y llegar, en algunos municipios, a situarse entre doce y dieciocho meses.

El cambio permitió que determinadas actuaciones pudieran iniciarse mediante declaración responsable, manteniendo posteriormente las facultades de comprobación, inspección y control de la Administración.

Aquí está una de las claves. Simplificar no significa dejar de controlar. Significa decidir cuándo controlamos. Hay actividades donde el control previo seguirá siendo imprescindible: seguridad, salud pública, determinados impactos ambientales o grandes actuaciones territoriales.

Pero existen otras donde podemos invertir el sistema: el ciudadano o la empresa declara responsablemente que cumple, inicia la actuación y la Administración comprueba después. Si incumple, se actúa y se sanciona.

Eso permite concentrar los recursos administrativos precisamente allí donde el riesgo y el interés general requieren un control más intenso.

Cinco plazos para Canarias

No creo que necesitemos otro documento de quinientas páginas sobre simplificación administrativa. Necesitamos objetivos que una empresa pueda notar.

Propongo empezar por cinco.

Primero: 30 días para el mapa administrativo de una inversión estratégica. Una empresa presenta un proyecto suficientemente definido y, en ese plazo, debería disponer de una hoja de ruta: permisos necesarios, administraciones responsables, documentación, informes y calendario estimado.

Segundo: 10 días como referencia para los informes internos ordinarios, siguiendo la filosofía aplicada en Andalucía, salvo naturalmente aquellos procedimientos sujetos a plazos específicos por normativa estatal, autonómica o europea.

Tercero: tres meses como plazo ordinario cuando no exista otro específicamente establecido y seis meses como techo general de referencia, con las excepciones legalmente justificadas. No se trata de inventar plazos imposibles, sino de asumir que la Administración también debe trabajar con objetivos temporales.

Cuarto: declaración responsable y control posterior para todas aquellas actividades de bajo riesgo en las que la autorización previa no resulte realmente necesaria ni proporcionada.

Quinto: tramitación coordinada para inversiones estratégicas, con un responsable administrativo del proyecto y los informes simultáneos siempre que jurídicamente sea posible.

Los números pueden ajustarse. Lo importante es cambiar la lógica: pasar de una Administración que tramita expedientes a una Administración que gestiona plazos y resultados.

Publicar cuánto tardamos

Añadiría una sexta medida. Probablemente la más sencilla. Publicar los tiempos reales.

Un cuadro de mando trimestral con los principales procedimientos económicos: licencias, autorizaciones industriales, evaluaciones ambientales, proyectos energéticos, subvenciones e inversiones estratégicas.

No el plazo que aparece en la norma, sino el real.

¿Cuántos días tardamos? ¿Cuántos expedientes están fuera de plazo? ¿En qué fase se producen los mayores retrasos? ¿Cuánto hemos mejorado respecto al trimestre anterior?

Lo que no se mide difícilmente mejora. Y lo que se hace público genera un incentivo extraordinario para mejorar.

Y por supuesto, porque esto debería ser norma básica: silencio administrativo positivo.

También echo de menos algo en nuestros debates sobre simplificación: una fecha. Canarias podría asumir un objetivo perfectamente comprensible.

Que antes del 31 de diciembre de 2026 estén identificados los 50 procedimientos administrativos con mayor impacto sobre la inversión y la actividad empresarial del Archipiélago.

Para cada uno deberíamos conocer cuánto tarda realmente, cuántos documentos exige, cuántos informes necesita, cuántas administraciones intervienen, qué documentación puede consultarse de oficio, qué trámites pueden realizarse simultáneamente, cuáles pueden sustituirse por declaración responsable y cuál debería ser su nuevo tiempo objetivo.

Y desde el 1 de enero de 2027, publicar trimestralmente los resultados. No necesitamos esperar cinco años para empezar a simplificar. Podemos empezar por aquello que más impacto tiene.

No se trata de copiar a Madrid ni a Andalucía. Canarias tiene singularidades que ninguna otra comunidad posee.

Nuestra fragmentación territorial añade complejidad. Tenemos cabildos, 88 municipios, una legislación territorial especialmente sensible, limitaciones ambientales evidentes y competencias distribuidas entre diferentes administraciones.

Precisamente por eso necesitamos simplificar más, no menos. Andalucía ha avanzado hacia procedimientos coordinados, informes simultáneos, plazos de diez días para determinados informes sectoriales y un principio de mínima intervención. Madrid ha utilizado la declaración responsable para sustituir determinadas licencias urbanísticas previas.

No tenemos que copiar a ninguna. Tenemos que preguntarnos qué podemos adaptar y hacer mejor nosotros. El verdadero incentivo también es el tiempo

Canarias dispone de uno de los sistemas de incentivos económicos y fiscales más potentes de Europa. Pero quizá exista un incentivo del que hablamos demasiado poco. Que invertir sea fácil. Que las reglas sean claras. Que sepamos cuándo tendremos una respuesta.

Que una empresa no necesite convertirse en especialista administrativo simplemente para saber dónde está detenido su expediente. Que una buena inversión encuentre una Administración exigente, pero también rápida.

Porque rapidez y rigor no son conceptos incompatibles. Durante años hemos entendido la simplificación administrativa como un asunto interno de la Administración. No lo es. Es política económica, es productividad, es inversion, es Empleo, es competitividad y, en definitive, es confianza.

Podemos seguir ofreciendo incentivos para atraer inversiones. Pero existe una pregunta que cualquier inversor terminará haciéndonos:

¿Cuándo podré empezar?. La respuesta a esa pregunta puede valer tanto como cualquier bonificación fiscal. Canarias no necesita una Administración con menos controles. Necesita una Administración con mejores controles, mejores medios, procedimientos más sencillos y plazos que se cumplan.

Porque existe algo peor que equivocarnos al tomar una decisión: tardar tanto en decidir que, cuando finalmente lo hacemos, la inversión, el empleo y la oportunidad ya están en otro lugar.

Y ese es un lujo que Canarias no debería seguir permitiéndose.