La Administración de Donald Trump ha acudido a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar desbloquear las obras del nuevo salón de baile que el presidente quiere construir en la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia ha solicitado al máximo tribunal que deje sin efecto la suspensión de los trabajos dictada el pasado 7 de agosto por un tribunal federal de apelaciones. La Justicia considera que la Administración debería haber obtenido previamente la autorización del Congreso para ejecutar el proyecto.

El Gobierno de Trump defiende ahora que la instalación no será únicamente un espacio destinado a recepciones, sino que formará parte de un supuesto «complejo militar integrado» que contará con sistemas destinados a reforzar la seguridad de Washington.

La Administración asegura además que las obras se encuentran ya ejecutadas en un 65% y advierte de que paralizarlas dejaría parte de la estructura expuesta a las condiciones meteorológicas. El procurador general D. John Sauer ha pedido al Supremo que actúe antes del 21 de agosto, fecha en la que está previsto que entre en vigor la decisión del tribunal inferior.

Trump ordenó en octubre la demolición de una parte del Ala Este de la Casa Blanca para levantar el nuevo espacio. Inicialmente justificó el proyecto por la necesidad de disponer de un lugar adecuado para organizar grandes recepciones y cenas oficiales, aunque posteriormente ha destacado también sus supuestos elementos de seguridad.

El coste estimado de la construcción, que según Trump se financiará mediante donaciones privadas, se ha duplicado durante el desarrollo del proyecto, pasando de unos 200 millones de dólares a aproximadamente 400 millones.

La iniciativa ha generado críticas entre los demócratas y también algunas reservas dentro del propio Partido Republicano. La oposición acusa al presidente de utilizar la Casa Blanca para impulsar proyectos personales y cuestiona el gasto asociado a sus reformas en Washington.