Los parlamentarios de 11 comunidades autónomas, entre ellas Canarias, cuentan con una retribución bruta mensual de base superior a la que reciben los diputados del Congreso y los senadores. Las diferencias entre cámaras autonómicas son notables y alcanzan hasta un 90% entre los salarios más altos y los más bajos.
El Parlamento Vasco encabeza la clasificación, con 5.879 euros mensuales, mientras que Galicia se sitúa en el extremo contrario, con 2.360,48 euros. En Canarias, la asignación base asciende a 4.054 euros brutos al mes, por encima de los 3.417,54 euros del Senado y los 3.366,99 euros del Congreso.
Por encima de las Cortes Generales también se encuentran los parlamentarios de Extremadura, con 4.989,47 euros; Baleares, con 4.635,02; Asturias, con 4.492,83; Navarra, con 4.415,47; Murcia, con 4.259,90; Madrid, con 4.039,79; La Rioja, con 3.682,87; Aragón, con 3.640,38, y Andalucía, con 3.599,78 euros.
El análisis de las retribuciones parlamentarias realizado a partir de los portales de transparencia de las distintas cámaras evidencia, además, una gran disparidad en la forma de establecer los salarios. Castilla y León representa uno de los casos más particulares, ya que únicamente los integrantes de la Mesa y determinados procuradores designados por los grupos disponen de un sueldo fijo, mientras que el resto percibe dietas por acudir a plenos y comisiones.
A las asignaciones básicas se añaden numerosos complementos vinculados al cargo, representación, desplazamientos o dedicación, que en determinados casos pueden representar más de la mitad de los ingresos finales. Los presidentes de las cámaras y los miembros de las mesas son quienes concentran las mayores cantidades, llegando en algunos casos a duplicar la remuneración de los parlamentarios sin responsabilidades adicionales.
La diferencia también se aprecia en las Cortes Generales. En el Congreso, todos los diputados parten de los 3.366,99 euros mensuales, aunque quienes ocupan determinados cargos reciben complementos adicionales. La presidenta de la Cámara, por ejemplo, suma 3.683,74 euros como miembro de la Mesa, 4.000,26 euros en gastos de representación y otros 3.279,85 euros en concepto de gastos de libre disposición.
En el Senado, su presidente tiene una asignación de 3.738,69 euros, a la que se incorpora un complemento de 5.457,72 euros. Asimismo, los portavoces de grupo en las comisiones perciben cantidades adicionales: 1.252,04 euros en el Congreso y 1.270,96 euros en la Cámara Alta.
Las diferencias se reproducen en los parlamentos autonómicos. En Andalucía, por ejemplo, la presidencia de la Cámara lleva aparejado un complemento de 1.832,33 euros, mientras que vicepresidentes de la Mesa y portavoces de los grupos reciben 1.471,08 euros adicionales. Los presidentes y portavoces de las comisiones cuentan con un complemento de 585,29 euros.
En Galicia, formar parte de la Mesa también implica percibir distintas cantidades adicionales. En el caso de su presidente, los complementos por cargo, representación y libre disposición alcanzan respectivamente 1.779,68, 2.144,53 y 1.101,25 euros mensuales.
Otros parlamentos contemplan compensaciones específicas relacionadas con las circunstancias personales o los desplazamientos. En Cataluña, por ejemplo, existe un complemento ligado al lugar de residencia que parte de 729,56 euros para quienes viven en el área metropolitana de Barcelona y llega hasta 1.026,95 euros para quienes residen a más de 191 kilómetros.
La Asamblea de Madrid establece, por su parte, dietas para la asistencia a actos institucionales fuera de la comunidad, con cantidades de 108,29 euros diarios dentro de España y 140,39 euros en el extranjero. También contempla ayudas al transporte, entre ellas un abono anual de 615 euros y una tarjeta de taxi de hasta 1.500 euros.
En Castilla-La Mancha, la normativa precisa que determinadas indemnizaciones deben destinarse “única y exclusivamente” a cubrir los gastos de viaje y desplazamiento derivados del cumplimiento de las funciones parlamentarias.
Les Corts Valencianes contemplan asimismo un complemento por dedicación exclusiva de 5.720,96 euros, mientras que existe otro específico para parlamentarios con discapacidad que alcanza los 8.710,92 euros.