La Fiscalía Provincial de Madrid ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid cuatro denuncias relacionadas con la adquisición, por parte de una empresa pública de la Comunidad de Madrid, de un ático en el barrio de Chamberí destinado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el juzgado ya ha iniciado diligencias a raíz de la denuncia presentada la pasada semana por el partido Iustitia Europa. La apertura de esta investigación judicial impide que la Fiscalía pueda desarrollar un procedimiento paralelo sobre los mismos hechos, por lo que ha remitido al magistrado las cuatro denuncias que había recibido hasta el momento: tres presentadas por particulares y otra por el PSOE.

La investigación tiene su origen en la denuncia de Iustitia Europa, que plantea la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en relación con la compra del inmueble, cuyo precio ascendió a 6,3 millones de euros.

La formación reclama que se examine de forma completa el expediente de adquisición y, entre otros aspectos, solicita información sobre los informes que justificaron la necesidad de la operación, la tasación del inmueble, su situación urbanística y la financiación utilizada.

También pretende esclarecer los acuerdos adoptados por la empresa pública Planifica Madrid, la posible participación de la Consejería de Presidencia, la documentación relativa a las obras previstas en la Real Casa de Correos —que servirían para justificar el uso temporal del ático como oficina— y la comisión inmobiliaria vinculada a la operación.

El PSOE ve posibles delitos de malversación y prevaricación

El PSOE también acudió a la Fiscalía al considerar que la operación podría ser constitutiva de delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

En su denuncia, los socialistas plantean dos posibles escenarios. A su juicio, podría existir «una gravísima irresponsabilidad negligente» si el inmueble fue adquirido para una finalidad que resultaba imposible de cumplir, o bien que «toda la justificación es incierta» y que el verdadero objetivo de la operación era disponer de una vivienda para uso residencial.

La formación socialista también pone el foco en la decisión de Planifica Madrid de poner ahora a la venta el inmueble. Considera que esta operación «precipitada» constituye otro «indicio» de posibles irregularidades y sostiene que la propia venta podría presentar una «situación irregular, también con posible relevancia penal».

De esta forma, será ahora el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid el encargado de analizar las denuncias y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en la investigación sobre la adquisición del ático por 6,3 millones de euros.