Decenas de trabajadores del Cabildo de Gran Canaria se concentraron este viernes frente a la Casa Palacio para exigir la apertura de negociaciones sobre sus condiciones laborales y reclamar la actualización de derechos que, aseguran, permanecen sin revisar desde hace más de dos décadas. A la protesta acudieron bomberos forestales, empleados de centros dependientes de Política Social y personal de la residencia de mayores de Taliarte Sur.
Uno de los principales focos de la movilización fue la situación de los bomberos forestales, que reclaman el reconocimiento de su categoría profesional y una mejora de sus condiciones salariales. Según denuncian, actualmente están clasificados dentro del grupo 5 del personal laboral, una categoría equiparada a trabajos de peonaje y que consideran incompatible con las funciones que desempeñan.
El bombero forestal y miembro del equipo negociador de CCOO, Raúl Rodríguez, sostuvo que el colectivo rechaza que la denominación de bombero forestal se limite únicamente al puesto de trabajo y no tenga reflejo en la categoría profesional. Además, aseguró que más de 200 empleados se encuentran afectados por esta situación y acusó al Cabildo de «estar engañando a la sociedad» al presentarles como bomberos forestales sin reconocer oficialmente esa condición.
Rodríguez defendió que el trabajo exige una elevada cualificación y una importante exposición al riesgo. «Con un sueldo de 1.400 euros al mes estamos montándonos en helicóptero, que muchas veces aterriza en zonas donde nunca ha aterrizado un helicóptero, de forma improvisada, para ir a apagar incendios», denunció. También garantizó que las movilizaciones no afectarán al dispositivo de extinción durante la campaña estival de incendios.
La protesta reunió igualmente a trabajadores de distintos servicios adscritos a la Consejería de Política Social, entre ellos personal del Punto de Encuentro Familiar, hogares de menores y centros de acogida, que denunciaron la falta de avances en sus condiciones laborales.
La educadora social y delegada de Intersindical Canaria, Sonia Cordón, afirmó que los trabajadores del Punto de Encuentro Familiar llevan más de 21 años desempeñando su labor en condiciones «precarias», con jornadas limitadas a fines de semana y festivos. Además, lamentó que el servicio arrastre listas de espera desde su creación y criticó la ausencia de respuestas por parte de la administración pese a las reclamaciones formuladas durante años.
En la misma línea, Guacimara Álvarez, trabajadora del CAI Santa Rosalía, aseguró que más de 160 empleados de Política Social continúan desempeñando sus funciones con «las mismas condiciones laborales» desde hace dos décadas. También denunció la falta de conciliación, la ausencia de una actualización de las categorías profesionales y de medidas relacionadas con los riesgos laborales. «Tenemos un convenio y una RPT (relación de puestos de trabajo) del siglo pasado, que está en pesetas. Hay muchas áreas más que están en peores condiciones o en iguales condiciones y no hay un avance por parte de la administración», declaró.
Los manifestantes reclamaron además un incremento de personal, la renovación de infraestructuras y materiales y una mejora de los recursos destinados a unos servicios que permanecen operativos durante las 24 horas del día.
De forma paralela, trabajadoras de la residencia de mayores de Taliarte Sur también se concentraron ante la sede insular para denunciar la falta de personal y la sobrecarga de trabajo en el centro. La delegada de personal, Dácil Cano, aseguró que tanto la plantilla como los salarios son insuficientes y reclamó el refuerzo de auxiliares en los turnos de mañana y tarde para mejorar la atención a los residentes. Asimismo, advirtió de que la escasez de trabajadores repercute directamente en la calidad del servicio y en las condiciones laborales del personal.